Xalapa, Ver. Desaparición forzada, detenciones arbitrarias, actos de tortura física y psicológica, secuestros, son algunos los señalamientos que desde su creación acumuló la Fuerza Civil, un agrupamiento táctico puesto en marcha en octubre de 2014 por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa y que este año cumpliría 10 años de antigüedad.
Esta semana, el gobierno de Veracruz anunció su extinción tras el violento desalojo en Totalco donde resultaron dos campesinos muertos. Pero su actuar arbitrario no es nuevo, la Comisión estatal de Derechos Humanos realizó decenas de recomendaciones por violaciones a los derechos humanos.
Dos de los casos más emblemáticos donde participó la Fuerza civil, fue el Blindaje Coatzacoalcos que dejó más de 35 desaparecidos. El Instituto Mexicano de Derechos y Democracia lanzó un exhorto al gobierno de Veracruz para conformar un grupo de trabajo interinstitucional para la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos.
En un video recordaron que en 2015 al menos 35 personas desaparecieron durante la implementación del Operativo Blindaje Coatzacoalcos a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública.
En 2018, la Fiscalía General de Veracruz señaló que entre 2011 y 2016 durante el periodo de Arturo Bermúdez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública se diseñó una política ilegal y clandestina de combate a supuestos miembros de la delincuencia organizada.
Según la carpeta de investigación: FEADPD/ZCX/011/2017 , está política consistió en detectar, detener, torturar y desaparecer forzosamente a personas supuestamente vinculadas a grupos de la delincuencia organizada.
Así fueron privadas de su libertad y se encuentran desaparecidas 15 personas.(Entre abril y octubre del 2013. En esta estructura participó la Fuerza Civil, por lo que fue detenido Roberto Meza en ese entonces director de esa policía por desaparición forzada, aunque después fue liberado.
Entrevistados sobre este tema, colectivos señalaron que el anuncio de la disolución de Fuerza Civil genera incertidumbre y preocupación ante la posibilidad de que queden impunes los casos de desapariciones forzadas, actos de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos en las que se presume participaron sus elementos.
Disolución de la Fuerza Civil debe estar acompañado de un plan Anaís Palacios, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y acompañante de Colectivos de familiares de personas desaparecidas, aseguró que desde la creación de esta corporación en el 2014 ha atendido contra los derechos humanos de la ciudadanía y que tras el anuncio de su desaparición se debe garantizar que no se afecte las investigaciones por casos de desaparición forzada a partir de 2014.
“Probablemente los casos de desaparición forzada que se llevaron a cabo en la entidad de manera más clara a partir de 2014 puedan verse afectados”. También dijo que llama la atención que fuera la represión contra los habitantes de Totalco —en donde murieron dos personas— el detonante para la eliminación de esta corporación y no las anteriores violaciones de derechos humanos.
Añadió que el anuncio de la continuidad de la participación de activos especializados de la Fuerza Civil en las tareas de búsqueda en terreno, las investigaciones dirigidas no solo por la Fiscalía General del Estado sino por la Fiscalía General de la República así como los procesos penales donde se hayan establecido medidas cautelares.
Advirtió que de lo contrario, si no se garantiza la sujeción de los elementos a los procesos, se corre el peligro de que se sustraigan de sus responsabilidades legales.
“Institucionalmente hablando debe garantizarse la capacidad de la Subsecretaría de Operaciones para dar seguimiento a los casos donde se vean involucrados los elementos”.
Anaís Palacios añadió que existe una preocupación latente de que esta decisión abone a la impunidad que se ha vivido por años y donde han tenido participación de manera directa los elementos operativos, así como los mandos y medios mandos que han cometido diversas violaciones de derechos humanos y diversos delitos.
“Será importante saber de qué manera el titular del Ejecutivo garantizará que la agrupación de los elementos al Mando Único garantice no solo los derechos laborales de quienes están adscritos a la Fuerza Civil, sino de aquellas personas y de la ciudadanía que se ha visto afectada por un mal actuar de estos elementos”.
Y agregó que se debe conocer la postura del Secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla quien en consecuencia de esta disolución, debe tener las condiciones idóneas.
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