Xalapa, Ver.- Con la idea de garantizar un servicio de transporte público seguro, en el Congreso de Veracruz se dio entrada a una iniciativa que busca obligar a que los permisionarios del transporte público asuman el pago de gastos médicos cuando un usuario sufre algún accidente.
La propuesta que se turnó a comisiones surgió a raíz del accidente del estudiante de filosofía de la Universidad Veracruzana, Óscar Jafet Escudero Andrade, quien se cayó de un autobús en Ruiz Cortines, al parecer por que el chofer no cerró la puerta.
La iniciativa fue presentada por el diputado local, Juan Enrique Santos de Fuerza por México, quien planteó que como representantes populares tiene la obligación de adecuar las leyes en beneficio de los ciudadanos.
El 30 de noviembre se informó del accidente en el que participó Óscar Jafet Escudero Andrade, quien cayó de un autobús en circulación y se golpeó en la cabeza. Aunque el transportista fue detenido, logró ser liberado horas después pues no existían elementos para responsabilizarlo del accidente.
Por lo anterior, el diputado local aseguró que los usuarios tienen derecho a un servicio de transporte público que les brinde seguridad, que proteja su integridad, y brinde un servicio eficiente.
Expuso que muchas veces los ciudadanos son testigos, que los operarios de las unidades de transporte público son los primeros en no respetar las reglas de tránsito, por lo tanto, no son conscientes de la enorme responsabilidad que tienen.
“Durante nuestro trayecto a través de estas unidades, dejamos en sus manos nuestra vida, integridad y seguridad. Por tal motivo, ya sea en las mañanas, de regreso a la casa o incluso durante el fin de semana, el transporte público puede convertirse en un espacio peligroso si no se respetan las normas de tránsito por parte de los operarios, concesionarios o usuarios”.
Recordó el caso de Óscar Jafet, estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana que tuvo un accidente y sufrió graves lesiones al caerse de un autobús en movimiento del transporte público.
Testigos de los hechos relatan que el joven iba a bordo de la citada unidad, sin embargo, al momento de que el chofer aceleró, el universitario perdió el equilibrio y cayó al pavimento, evidenciando una enorme responsabilidad del operario al conducir de forma inadecuada al poner en movimiento la unidad sin cerrar las puertas.
Destacó que lo más triste del caso fue que la empresa concesionaria pretendió evadir su responsabilidad, dejando vulnerable y poniendo en riesgo la salud y vida de este joven.
Por tal razón, propuso que para que en caso de accidentes que afecten a las personas usuarias de las unidades de transporte público en las diversas modalidades, las y los concesionarios deban cubrir solidariamente los gastos médicos necesarios en tanto se hace efectivo la cobertura del seguro respectivo.
También pidió prohibir a las operarias y operarios circular con las puertas abiertas, y que la infracción a esta norma dé lugar a la suspensión de la licencia para conducir, independientemente de las demás sanciones que puedan ser aplicadas, así como para que las y los operarios de las unidades tengan que presentar cada seis meses un examen médico que demuestre su aptitud física y psicológica para conducir.
Además, pidió establecer que la dirección de transporte suspenderá de uno a tres meses los derechos derivados de una concesión, en caso de que las y los operarios de los vehículos destinados al servicio de transporte público en las submodalidades de urbano y suburbano excedan de transportar en un veinticinco por ciento el número de personas especificadas en la tarjeta de circulación.
Así como quien participe en arrancones, carreras con otros vehículos o conduzcan con temeridad para aventajar la recepción de personas usuarias.
También plantea la opción de revocar las concesiones, en caso de que las y los concesionarios, operarias u operarios omitan brindar auxilio y apoyo para la canalización a alguna institución de salud pública a las personas usuarias que resulten víctimas de un accidente o siniestro de tránsito, o evadan asumir las responsabilidades legales que les llegasen a corresponder.
El legislador hizo un llamado, desde la máxima tribuna del estado, para que la Fiscalía General del Estado realice la pronta integración de la carpeta de investigación para el esclarecimiento de este hecho y se determine la responsabilidad, así como se realice la reparación de los daños correspondientes.
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