CIUDAD DE MÉXICO.
El análisis de las llamadas por teléfono celular hechas durante las “horas críticas” —las últimas cuatro horas del 26 y primeras seis del 27 de septiembre de 2014— serán clave para definir las “rutas de desaparición” por las que fueron conducidos los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace casi seis años en Iguala.
En el contexto del sexto aniversario del caso Iguala, aún irresuelto, la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) prepara información pública al respecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá el próximo viernes con los padres de los estudiantes.
El objetivo del análisis y las investigaciones de las “horas críticas” del suceso, consideradas entre las ocho de la noche del día 26, a las 6 de la mañana del día 27 de septiembre de 2014, es avanzar en el paradero final de los 43 estudiantes y tener elementos para seguir construyendo la “verdad verdadera” del caso, con hechos y aniquilar la verdad histórica de la administración pasada, la cual plantea que el basurero de Cocula fue el último sitio de un grupo de estudiantes.
Esas “horas críticas” y un lapso mayor de tiempo, han sido investigados a través de la telefonía celular y la georreferenciación de los aparatos que utilizaban, tanto los estudiantes como policías municipales, federales incluso integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Desde el inicio de las primeras investigaciones del caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los padres de los normalistas desaparecidos y el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con quien la UEILCA trabaja muy de cerca, señalaron la importancia de entrar a fondo en esa línea, ya que permitiría un significativo y acelerado avance en el caso.
La línea de investigación relacionada con la telefonía celular y la georreferenciación fue uno de los puntos que dejó inconclusa la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), a pesar de distintas e insistentes solicitudes formales hechas por la CNDH.
En el texto por su II Informe de Gobierno, que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión, el pasado 1 de septiembre, ofrece algunas pistas de lo que se prepara sobre el caso Iguala, principalmente sobre el punto de la telefonía celular.
“Se constituyó el Comité Científico Asesor como parte de la Comisión para Ayotzinapa, con el objetivo de llevar a cabo una revisión exhaustiva de diversas líneas de investigación, desde un enfoque técnico y científico. El Comité realizó diversos análisis, entre los que destaca el escrutinio de la red de telefonía de los números involucrados en los sucesos ya conocidos, actividad que implicó la revisión de 800 millones de llamadas, que permiten su georreferenciación respecto de las antenas de telefonía que cubrían el territorio con la finalidad de ubicar zonas de interés, y su relación con los registros de búsqueda de fosas”, se lee en la página 141 del informe presidencial.
En el paquete del análisis de las 800 millones de llamadas telefónicas por parte del Comité Científico Asesor —formado por un grupo de científicos del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, del Conacyt, mejor conocido como Centro GEO, encabezada por Ignacio Chapela Castañares y por una comisión de la nueva licenciatura de Ciencias Forenses de la UNAM— están las señales emitidas por teléfonos de 32 estudiantes y 55 presuntos perpetradores de la desaparición.
Además de la información que el gobierno de Estados Unidos le envió a la PGR sobre la investigación iniciada en Chicago, relacionada con conversaciones telefónicas vía mensajes de texto entre miembros de Guerreros Unidos y que están vinculados con los hechos y que implica directamente a la policía comunitaria, que fue movilizada a Mezcala para cerrar los accesos a Iguala para evitar la entrada a Iguala de sus antagonistas Los Rojos.
Aunque no es público, si el análisis de las 800 millones de llamadas realizado entre 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020 fue hecho por personas o algún tipo de software o por ambas, se perfila como una tarea monumental.
En esos 273 días de trabajo se debieron analizar 2 millones 930 mil 402 llamadas por día; 122 mil 100 por hora y 2 mil 35 por minuto.
Los primeros datos de la investigación a la telefonía celular y georreferencia arrojaron que, de los 43 normalistas desaparecidos, 32 estudiantes tenían aparatos telefónicos y tuvieron actividad.
En el segundo reporte del GIEI se establece que, “según el análisis de la telefonía, se ha podido precisar que hacia las 21:23 horas del 26 de septiembre estaban siendo atacados los normalistas que viajan en el autobús Estrella de Oro 1568, según una llamada realizada. Esos mismos análisis de telefonía muestran actividad en los teléfonos de los normalistas que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531 en el Palacio de Justicia entre las 21:51 y las 22:37 del 26 de septiembre. Después de estas horas no se tienen registros de llamadas de los normalistas en ese sector”.
De esos 32 equipos, 9 de esos teléfonos tuvieron actividad con posterioridad al 26 y 27 de septiembre de 2014, según la Recomendación 15VG/2018 Caso Iguala de la CNDH.
En el mismo documento, la CNDH sostuvo que “la valía de la información georreferencial en el presente caso se potencializa porque, a través de ella, es posible allegarse de datos puntuales y confiables que permitirían conocer la posible ubicación de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, tanto del grupo que habría sido llevado de las calles de Juan N. Álvarez a la Comandancia de la Policía Municipal de Iguala, para después ser trasladado de este sitio, al lugar conocido como Loma de Coyotes y de ahí conducido al vertedero de Cocula, como del grupo de normalistas que viajaba en el autobús Estrella de Oro 1531, bloqueado en el Puente del Chipote, lugar del que habrían sido llevados con rumbo al municipio de Huitzuco, sin que hasta ahora se haya determinado en definitiva su destino”.
Por su parte, el GIEI estableció que “la investigación telefónica muestra la presencia, los movimientos a través de las antenas existentes en la zona, y la comunicación entre algunos de los inculpados en los momentos en que se estaban dando los ataques a los normalistas o Los Avispones. El análisis de la telefonía de los normalistas evidenció que algunos de los teléfonos estuvieron activos todavía unas horas o días después de lo sucedido. Particular relevancia tiene que uno de los normalistas envió un mensaje a su madre, pidiéndole una recarga telefónica a la 1:16 horas de la madrugada, una hora después de cuando según la versión oficial habrían sido asesinados en el basurero de Cocula. Otros teléfonos también permanecieron activos, en algunos otros se cambiaron los chips y siguieron utilizándose. Toda esta información debe ser profundizada en la futura investigación, tanto sobre los presuntos responsables y sobre el destino de los normalistas”.
En el caso de las líneas de celular, el GIEI y la CNDH caminaron en paralelo. Aunque, de acuerdo con el comparativo de sus respectivos informes, el órgano autónomo tuvo menos información que el GIEI en este tema.
El 9 de marzo 2015, el GIEI, recién llegado a México para coadyuvar en el caso Iguala, hizo la petición de investigar la telefonía. “El análisis de las llamadas, en términos de lugares, antenas, comunicaciones de los estudiantes o de los inculpados, fue considerado por el GIEI como un elemento central para determinar tanto posibles lugares donde podrían haber sido llevados los estudiantes como para establecer relaciones entre perpetradores, lugares donde se dirigieron, etc. Así como para establecer la última activación de la telefonía de los estudiantes, fundamental para las labores de búsqueda y tener elementos para conocer qué paso tras su detención”.
La CNDH propuso investigar llamadas
La CNDH, por su parte, estableció en su Recomendación 15VG/2018 Caso Iguala, que “desde el 23 de julio de 2015, en su primer Reporte Estado de la Investigación del Caso Iguala, en la Observación y Propuesta número 3, fue la primera instancia en plantear que la entonces Procuraduría General de la República obtuviera la georreferenciación de la actividad del equipo móvil de cuatro normalistas desaparecidos e investigara, en su caso, el contenido de los mensajes que hubiesen enviado.”
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