El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) entregó
a las autoridades hacendarias un documento en el que plantea ajustes a las reformas fiscales contenidas
en la Miscelánea Fiscal 2020 y
a la minuta de la reforma para combatir
a las ‘factureras’, ya que considera que se trata de propuestas que
generan incertidumbre jurídica, frenan la inversión y dan un ‘superpoder’ al
Servicio de Administración Tributaria (SAT) sin algún contrapeso.
El documento, ‘Comentarios sobre las iniciativas de
reformas con implicaciones en materia fiscal’, del cual tiene copia El
Financiero, también reclama que en todas las propuestas fiscales planteadas por
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), hay ausencia de reformas que reconozcan a los buenos
contribuyentes, “no hay una sola medida tendiente a reconocer el buen historial
de cumplimiento de los contribuyentes”, afirmó el organismo.
El pasado viernes, Carlos
Salazar Lomelín, presidente del CCE, entregó al titular de
Hacienda, Arturo Herrera, el documento con los principales puntos de
preocupación que genera para el sector empresarial la Miscelánea Fiscal, a
efecto de que pueda ser considerado en la discusión en el Congreso.
De acuerdo con representantes empresariales, el documento
será entregado al presidente Andrés
Manuel López Obrador, y en esta misma semana se prevén dos reuniones
de trabajo entre Hacienda y la cúpula empresarial en Palacio Nacional.
“Le
entregué formalmente todas nuestras preocupaciones por escrito para que no sea
nada más platicadito”, comentó Salazar Lomelín.
Tras la reunión con el CCE, el secretario de Hacienda
dejó abierta la posibilidad de hacer ajustes a la miscelánea.
“Si encontráramos algún problema de diseño o si a partir
de este diálogo (con empresarios) reconociéramos que hay algo que pudiera
mejorarse, estamos dispuestos. El asunto no es desincentivar la inversión, sino
aseguramos de que hay un piso parejo de que todos
cumplen con sus contribuciones y que es hecho de forma
equitativa”, prometió Herrera.
Preocupaciones fiscales
Los puntos de mayor preocupación para el sector privado
son 7: limitación a la deducción de intereses a un monto equivalente al 30 por ciento de la utilidad ajustada de los
contribuyentes; el esquema de inversiones para fondos de inversión; la responsabilidad solidaria para
administradores y socios; cancelación de sellos digitales; cláusula
general anti-abuso; esquemas reportables, y la reforma para combatir a las
“factureras”.
Sobre las adecuaciones a la Ley del ISR para limitar a 30
por ciento la deducción de intereses sobre la utilidad fiscal ajustada que
generen empresas nacionales y grupos de multinacionales, el CCE propone
modificar las limitantes, a fin de que se ataquen casos específicos no deseados
y no establecer una limitante general.
“No creemos que sea el mejor momento para establecer
medidas que limiten la inversión. Limitar
la deducción terminará siendo un freno para contribuyentes grandes
y medianos, quienes dejarían de ser competitivos debido a su carga fiscal”,
expone el documento.
Sobre los esquemas reportables, que consisten en que
asesores revelen al gobierno los planes fiscales de sus clientes, el CCE apuntó
que se prevé la creación de un Comité integrado por el SAT y Hacienda que definiría
cuáles esquemas son válidos y cuáles no, “consideramos que de facto lo que está
creando es un superpoder que inclusive tendría facultades mayores a la de
tribunales federales”.
La propuesta, señala, excede el estándar internacional y
da un amplio margen de inseguridad a contribuyentes y asesores.
En cuanto a la minuta de reforma contra “factureras”,
pendiente de dictaminar en la Cámara de Diputados, el CCE consideró que
“debiera eliminarse la parte de la iniciativa que pretende incluir en este
régimen de excepción a la defraudación fiscal y su equiparable (con
delincuencia organizada)”, lo que ameritaría prisión preventiva oficiosa.
“Creemos que este camino es riesgoso y genera incertidumbre para la inversión”,
subrayó.
El CCE indicó que
es indispensable que se consideren este tipo de modificaciones, como parte de
una estrategia para incrementar la percepción de riesgo de los constribuyentes
en temas de evasión, y con ello poder elevar la recaudación, contra un ambiente
de incertidumbre que podría frenar la inversión y con ello el crecimiento
económico.
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