Morena quiere votar antes del 20 de octubre en la Cámara de Diputados la ley que equipara a la evasión fiscal con crimen organizado, y los dirigentes empresariales no quieren ver en su justa dimensión la gravedad del caso.
Callan por miedo o por una ilusa prudencia, pues cuando quieran protestar será demasiado tarde.
Esa ley no es sólo contra la evasión, sino contra la libertad y la iniciativa privada.
Con habilidad retórica y ayuda de medios de comunicación, el gobierno quiere hacer pasar esa ley como un freno “a las factureras”, es decir, contra los fabricantes de facturas apócrifas que permiten deducir impuestos.
No es así. Eso es la fachada. Y los líderes empresariales lo saben y callan.
Al poner evasión fiscal en la misma canasta de delitos graves como narcotráfico, huachicol y crimen organizado, la sospecha o denuncia de fraude al fisco con dolo por 7.5 millones de pesos hacia arriba será cárcel automática, antes de iniciarse el juicio.
Y de acuerdo con la nueva Ley de Extinción de Dominio, los bienes de los acusados por delitos graves podrán ser incautados y rematados por el gobierno antes de que concluya el juicio.
Es un atropello monumental meter a la cárcel a un empresario por la sola sospecha de evadir al fisco, o por una denuncia de un tercero.
Peor aún es que le quiten los bienes sin importar su procedencia lícita, y se los rematen antes de ser declarado culpable.
Si resulta inocente no le devuelven sus propiedades, sino un monto similar al valor comercial de lo que le remataron.
“Pero es que esa casa no la quería vender porque es herencia de mi abuelo a mi padre y de él a mí y yo se las quiero dejar a mis hijos”, podrá alegar el despojado al ser declarado inocente.
No hay vuelta de hoja. Los bienes se vendieron y confórmese con los tres pesos que le da el gobierno por la casa familiar.
Esa monstruosidad ya se votó en la Cámara de Senadores, con el voto en contra de PAN y PRI, y esta semana se discutirá y votará en Diputados.
Después no habrá derecho al pataleo.
Los dirigentes empresariales más destacados han guardado un inexplicable silencio, teniendo la fuerza para frenarla.
No se trata de romper lanzas contra el gobierno y declararle la guerra, sino de hacer valer el peso que en toda sociedad democrática tiene el sector productivo.
En el Presupuesto para el próximo año viene una drástica caída de la inversión del gobierno, de entre -5.4 y -5.9 por ciento.
Lo anterior quiere decir que las expectativas de crecimiento económico estarán basadas en lo que haga el sector privado.
¿No es esa una herramienta poderosa para exigir garantías básicas?
Por ejemplo, no ser tratados como delincuentes, encarcelados con prisión oficiosa y despojados de sus propiedades por la sospecha de un empleado del gobierno de Morena, y no por el fallo de un juez.
Le están pidiendo todo y la IP no pide nada a cambio. Ni en defensa propia. Ni respeto.
Esos pasos de tiranía deben frenarse ahora. Después no se va a poder.
Los dirigentes empresariales, ¿no van a defender la presunción de inocencia cuando está a unos días de abolirse en la Cámara de Diputados?
¿No van a defender la propiedad privada?
¿Qué clase de líderes empresariales son?
Muy bien que se reúnan catorce o quince veces con el Presidente y salgan felices.
Así son todos los presidentes y esa es su chamba: agradar y hacer sentirse bien a su interlocutor en corto. Por eso llegaron donde llegaron.
Pero de ahí a creerles lo que dicen es otra cosa.
Luego vienen los filtros: los secretarios de Estado, los grupos a su alrededor, los equilibrios de fuerza dentro del conglomerado gobernante, la ideología, la almohada, el olvido porque hay otras prioridades, etcétera.
Alfonso Romo y los dirigentes empresariales salen orondos después de cada café con el Presidente, y anuncian que sí va el aeropuerto de Texcoco, que regresan las rondas petroleras, que la CNTE no tendrá injerencia en las plazas de maestros, que seguirá la evaluación docente...
Puro cuento.
Las palmaditas en el hombro o una anécdota simpática les hace olvidar con quién están tratando.
La realidad está en los hechos. Ahí, en el Congreso, por ejemplo.
Los van a meter a la cárcel por sospecha de fraude fiscal, si no se alinean con el gobierno o se les ocurre apoyar a la oposición.
También les quitarán los bienes a quienes caigan en desgracia política, aunque sean inocentes.
Y no será ilegal, porque lo van a aprobar los diputados, como ya lo hicieron los senadores.
Estarán los votos en contra de PAN-PRI-MC y PRD, pero el sector privado no habrá dicho ni pío.
Sus dirigentes volverán a Palacio Nacional donde recibirán las seguridades de que la ley no se aplicará arbitrariamente.
Más café, y saldrán convencidos de que tienen de su lado a López Obrador.
Pobres de ellos.
Pobres de sus agremiados.
Qué tristeza por el país.
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