WASHINGTON. Decenas de familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México como parte de las medidas de Tolerancia Cero del gobierno de Donald Trump se aprestan a demandar al gobierno federal. Varias de ellas dicen que sus niños menores sufrieron abuso sexual, físico o emocional en los centros de detención financiados con fondos federales.
Un estudio de 38 demandas revela que los contribuyentes podrían tener que pagar más de 200 millones de dólares en daños. En años recientes, más de tres mil niños migrantes fueron separados de sus familias en la frontera y se prevén muchas demandas más, que podrían sumar miles de millones de dólares.
Las familias —algunas en Estados Unidos, otras deportadas a países centroamericanos— están representadas por organizaciones de base y ONG, junto con algunos de los bufetes de abogadosmás poderosos del país. Presentan reclamos bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil (FTCA) antes de iniciar sus demandas. La FTCA permite a individuos que sufren daños provocados por intervención directa de empleados federales demandar al gobierno.
El año pasado, la Oficina de Asentamiento de Refugiados atendió a 50 mil niños que cruzaron la frontera solos, y a los separados de sus familias.
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