El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su preocupación por el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur para contener los flujos migratorios sin tengan la definición en los límites a su intervención y protocolos de actuación.
Reconoció que desde finales de 2018 y el transcurso de este año, se incrementaron en México de manera importante los flujos migratorios de diferentes nacionalidades, cifras que han rebasado las capacidades de las autoridades migratorias.
“Preocupa a este Consejo que el gobierno mexicano haga patente la política migratoria de seguridad, al enviar a la frontera sur 6 mil elementos de la Guardia Nacional como contención a los flujos migratorios en colaboración con el Instituto Nacional de Migración, a partir del reforzamiento de los puntos de internamiento y controles de verificación migratoria en diversas localidades de los estados del sureste mexicano, sin que haya claridad en sus objetivos, límites a su intervención y protocolos de actuación”, señaló en un pronunciamiento público.
Expuso que el acuerdo del gobierno mexicano de recibir personas migrantes solicitantes de asilo en los Estados Unidos en tanto son recibidos por un juez de ese país, debes hacerse con apego a los derechos humanos, y esa política de atención debe extenderse a los mexicanos que también son retornados.
Urgió a “crear una política integral que no riña con el respeto a los derechos humanos y asistencia humanitaria, dando respuesta no solamente a dichas personas extranjeras, sino también a cientos de connacionales que son repatriados a nuestro país y que requieren de asistencia para reintegrarse a la sociedad, así como reconocer y apoyar la labor de organizaciones de la sociedad civil, albergues y casas del migrante que en las ciudades fronterizas del norte del país reciben y atienden a las personas retornadas”.
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