Tijuana.- El próximo martes 25 de
junio es el plazo que la convocatoria emitida por el gobierno de Baja
California inicie la recepción de propuestas para la reestructuración de la
deuda de que la administración de Francisco Arturo Vega de la Madrid mantiene
por un monto de 8 mil 433 millones de pesos.
En conferencia de prensa pidió a
los banqueros “estamos pidiéndoles a los bancos e instituciones financieras,
aunque ya están convocados, que no participen porque vamos a llevarlos a las
máximas consecuencias de investigación porque sospechamos que aquí hay gato
encerrado” y dijo que en este caso “llegará hasta las últimas consecuencias en
la investigación”.
“Que se entienda que vamos a ir
hasta las últimas consecuencias a investigar, si alguna institución hace
todavía negocio con este gobierno, voy a tener dudas de hacer negocios del
estado con esa institución financiera, le sugeriría a mi próximo gobierno vetar
a las instituciones que se presten a este financiamiento”.
La reestructuración de la deuda
fue aprobada en el mes de marzo por la XXII Legislatura, poco antes de que la
mayoría de sus integrantes abandonaran la curul para ir en busca de la
reelección, lo hicieron a través del Decreto 355 en que se autoriza la
reestructuración de más de 12 mil 526 millones 980 mil 742 pesos en 24 créditos
con instituciones bancarias como Banamex, Bancomer, Scotiabank y Santander y
también el financiamiento para las Asociaciones Público Privadas (APPs), de la
desalinizadora de Playas de Rosarito y el Segundo Piso desde el Aeropuerto de
Tijuana y un fideicomiso de 2 mil 600 millones de pesos para el pago de
pensiones a maestros mediante fondos federales.
“Esto se aprobó de noche o a
deshoras, como fue la costumbre en esta administración” aseguró el gobernador
electo. El Decreto 355 también tuvo el rechazo de los organismos empresariales,
por esta razón Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentaron
un amparo en contra por considerarlo una medida que afectaba las finanzas
bajacalifornianas.
Bonilla Valdés quien gobernará
Baja California durante los siguientes dos años, consideró que “la percepción
es que este refinanciamiento es un acto de corrupción, además deja ciertos
valores de la transacción, como la calificación y la creación del Fondo de
Reserva, para realizarse 120 días después del cierre del gobierno panista, es
decir, dejando a la siguiente administración los costos adicionales del proceso
y rechazó que su administración deba pagar los costos políticos del incremento
de impuestos que se plantea con esta reestructuración”
Y es que el gobierno de Francisco
Vega también contempla la creación del Impuesto a la Salud por un 35 por
ciento, así como los aumentos al Impuesto de la Nómina del .63% al 1.33% y al
Impuesto Adicional a la Educación del 35% al 45% en un programa financiero para
2020. La convocatoria de refinanciamiento, emitida por la Secretaría de
Planeación y Finanzas, mañana 25 de junio se recibirán y abrirán las propuestas
por parte de las instituciones financieras interesadas en obtener el contrato,
el cual debe firmarse a más tardar el 31 de julio, tres meses antes del cambio
de gobierno.
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