Opera una presunta red de corrupción en el Puerto de Manzanillo; funcionarios en esa terminal presuntamente venden y entregan contratos de cesión parcial de derechos, sin aval de su Consejo de Administración, de acuerdo con una investigación realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo (APIMAN), dependiente de la Secretaría de la Función Pública.
Una publicación del diario El Universal refiere que Román Pablo Rangel Pinedo, titular del OIC de la API Manzanillo, notificó a su par, Luis Manuel Ávila Yépez de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que se detectó la entrega de uno de estos contratos a la empresa Logística de Fluidos y Graneles.
Revela que en dicha entrega se hallaron irregularidades que llevaron a considerar que “había elementos para argumentar que la asignación directa APMAN01-035/18 realizada a favor de la empresa no cumple con la normatividad respectiva y los considerandos indicados en la Ley de Puertos y su Reglamento y los servidores responsables pudieran, en su caso, haber incurrido en presuntas implicaciones jurídicas y administrativas” y añade que el 7 de septiembre, durante la tercera reunión del año del Consejo de Administración de la API Manzanillo, se intentó aprobar la asignación directa, pero los miembros del Consejo argumentaron “falta de precisión en su contenido y redacción al no haberse apegado a la normatividad”.
Advierte en un oficio que a pesar de no estar ratificada el acta correspondiente y haber desacuerdo sobre las condiciones, la autoridad de ese puerto, “suscribió el contrato de cesión a favor de Logística de Fluidos y Graneles”, mismo que contempla una concesión de superficie de agua de 159 mil 52.42 metros cuadrados, para construir y operar una terminal portuaria para carga, descarga, manejo, almacenaje, alijo, estiba y acarreo de fluidos de cualquier tipo, sea granel agrícola, fertilizantes y carbón por vigencia de 20 años y la posibilidad de que se prorrogue.
Asimismo, señala que existe una denuncia en el OIC en la cual se presumen presuntas irregularidades administrativas del director general de la API Manzanillo y servidores públicos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, por lo que la denuncia presentada y enviada a la oficina de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, y de la Procuraduría General de la República el pasado 14 de agosto, involucra en esta red a Ovidio Noval Nicolau, director general adjunto de la API Manzanillo; a Ricardo Martínez Suárez, director adjunto de Proyectos Prioritarios Marítimo-Portuarios, y a Alejandro Hernández Cervantes, director general de Puertos de la SCT.
Destaca que el OIC sostiene que hay argumentos e irregularidades detectadas en la revisión documental realizada al expediente y contrato de asignación directa a favor de Logística de Fluidos y Graneles que hacen presumir presuntas anomalías administrativas de servidores públicos de esta entidad y la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT.
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